Por: Gilberto Montalvo Jiménez 

La alcaldesa de Calarcá Yenny Trujillo tiene toda la razón de estar enfadada por el incumplimiento que la Promotora de Vivienda del departamento y los contratistas de los trabajos de la Casa de la Cultura de su municipio.

Y cinco aplazamientos sin justificaciones aparentes son un explosivo que está en manos de la administración departamental que ha sido negligente hasta los tuétanos en la ejecución de este proyecto.

Ante los reclamos de la alcaldesa el gerente de la Promotora de Vivienda, Hernán Mauricio Cañas convoca periodistas para soltar toda una serie de falacias que no se compadecen con la seriedad que debe asumir una persona con responsabilidades públicas y por su parte los comunicadores, en estos casos aberrantes, tienen el deber de ahondar, investigar y confrontar y no convertirse en altoparlantes de un funcionario inepto que quiere justificar su inoperancia.

Este lunes, a lo mejor todos los noticiarios de radio y afines, saldrán a pregonar las mentiras del gerente de Promovivienda sin que se les haya ocurrido consultar la bitácora de este proceso.

Decir que “cuando llegamos había un déficit en dinero y que el balance es negativo pero hemos logrado nivelarlo” es astuto pero mentiroso.

Todos sabemos qué se mueve al interior de Promovivienda en el departamento que se convirtió en un foco de la politiquería amañada de los dueños de las administraciones en la región.

Todo está documentado a través del OCAD del procedimiento que se siguió por la administración anterior de Sandra Paola Hurtado desde enero de 2014 cuando ante la ministra de cultura  Mariana Garcés se hicieron las correspondientes gestiones en el programa “espacios culturales para la paz” que incluyó a los municipios de Piajo, Córdoba y Circasia pero ante la singular situación de la Casa de la Cultura de Calarcá la gobernadora de entonces  se comprometió a buscar los recursos a través del sistema general de regalías mientras que el ministerio se hacía cargo de   los estudios y diseños de la obra.

Asi fue,  cinco meses después,  junio de 2014, la ministra Garcés entregó lo que se había comprometido y la gobernadora llevó ante el OCAD la iniciativa por un valor de 3.500 millones de pesos.

Fue aprobado con la participación de las gobernaciones de Risaralda, Caldas, Quindío, Antioquia, la dirección nacional de planeación y los alcaldes de varios municipios de la zona.(acuerdo 012 de 2014)

Se contrataron con la firma Fortaleza y la interventoría de Unión temporal Eje Cafetero (contratos 022 y 023 del 22 de diciembre de 2014) para  las correspondientes ejecuciones a partir del 9 de febrero de 2015.

Una vez se iniciaron las obras  se encontró que dada las características de la edificación no llenaba los requisitos de sismoresistencia exigidos por las disposiciones legales para estos casos.

De inmediato se recurrió al OCAD de nuevo y se buscó una adición de 1500 millones de pesos, los cuales fueron aprobados por el acuerdo 024 de 2015.

Todos los recursos quedaron certificados, aprobados y girados cada uno en su oportunidad.

El proyecto incluyó obras generales, ascensor, pintura, mampostería, suministros, aires, revestimientos acústicos, audios profesionales, iluminación, dotación de sillas, telones, tramoya, mueblería, archivadores e instrumentos musicales.

Ahora en un acto mezquino de trampa pública quieren justificar, ante los indiscutibles reclamos de la alcaldesa Yenny Trujillo, su incapacidad administrativa y su forcejeo interno para beneficios extraños en el manejo de un contrato que tiene cinco aplazamientos.

La responsabilidad del cumplimiento recae en el señor Cañas, la interventoría de la Unión Temporal Eje Cafetero y Jaime González, el beneficiario del contrato  con su Unión Temporal Fortaleza. No le mientan a la opinión que algunos estamos muy creciditos para que nos vengan con cuentos chimbos.

Tienen en su poder las pólizas, háganlas cumplir, dejen ese nefasto retrovisor que los va a llevar a un choque fatal o digan qué es lo que quieren con esos contratistas porque como todos sabemos no se mueve ninguna brizna sin el visto bueno del todopoderoso dispensador de la contratación pública en la región.

Algo huele maluco, pero lo cierto es que no hay claridad en este asunto.

Un entramado de embustes a todos los niveles de la administración del Quindío se están convirtiendo en el pan de cada día para tratar de engañara a la comunidad con un año perdido en mentiras y chistes y toda clase de manipulaciones para esconder en la urna polarizada toda suerte de latrocinios.

Es el momento que la Procuraduría Regional y la fiscalía asuman con entereza una investigación rigurosa en este caso porque con el cuentico de que “no encontramos financiada la obra” no solo mienten impúdicamente sino que es un delito contra la administración pública no hacer cumplir con las obligaciones adquiridas mientras distraen con argumentos peregrinos a una opinión que repudia que la crean estúpida.

 

Por EL EJE

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